BMV y violencia: la convivencia de máximos históricos

El total de homicidios dolosos de febrero de 2017 supera en 14% a aquel de 2011, que fue el año más violento de la administración de Felipe Calderón. Paralela, y paradójicamente, el peso registró en marzo su mejor recuperación mensual frente al dólar estadounidense en los últimos siete años. También el martes 21 de marzo, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó en la apertura un máximo nivel histórico, por encima de los 49,200 puntos.

El total de homicidios dolosos registrados en febrero fue de 2,098 de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Los casos más alarmantes son el de Baja California Sur, donde el número de asesinatos se multiplicó por diez de febrero de 2016 a febrero de 2017, en Nayarit por seis, y en Chihuahua por cerca de dos, en Veracruz, se dispararon en 158%, en San Luis Potosí 117%, en Guanajuato 75%, y en Baja California 71%.

En el ámbito económico, marzo reportó una apreciación del peso mexicano de 5.06%, al pasar de una cotización de 20.0960 pesos por dólar a 19.0790 pesos hasta el miércoles 22 del mes, rompiendo los pronósticos realizados a principios de año cuando la moneda se cotizó por encima de 22 pesos por dólar. La razón fundamental de la recuperación del peso con respecto al dólar estadounidense se dio a raíz de que los precios del petróleo disminuyeron sus pérdidas.

La realidad se impone a la política

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump empezó su campaña exigiendo una renegociación radical del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y hasta amenazó con dar término al mismo. Sin embargo, en las últimas semanas, el tono del gobierno estadounidense ha ido cambiando. Las declaraciones radicales y las posturas más proteccionistas de la clase política estadounidense se han ido difuminando. Se estima que la razón principal es que Trump comienza darse cuenta de que la relación con México está basada en una compleja interconexión, y después de los primeros ‘tuitazos,’ la realidad se está imponiendo sobre sus propuestas en campaña.

La renegociación del TLCAN no ha mostrado ser una tarea sencilla para ninguna de las partes que integran el tratado. Fuentes abiertas acusan que la influencia de los asesores en materia comercial se ha hecho notar en Washington. Estos pujan por convencer al magnate estadounidense de que lo más prudente es cambiar las reglas de origen (que exigen un contenido mínimo de insumos en la industria manufacturera dentro de la región) y hacer más eficientes a los mecanismos de resolución de controversias.

La realidad de la relación entre México y Estados Unidos está jugando en este momento en favor del lado mexicano. Y es que, tal como está sucediendo no es lo mismo ser candidato en campaña que presidente en funciones, con los pesos y contrapesos, limitantes y oportunidades que esto trae consigo. Con el tiempo se ha hecho visible que, para Trump, la brecha entre prometer y cumplir se hace cada vez más grande, y así, el discurso incendiario y la categorización del TLCAN como uno de los peores acuerdos en la historia de Estados Unidos, se escucha cada vez menos.

De la misma forma, la abundante agenda de gobierno estadounidense ha beneficiado a México. Si bien México fue un tema importante en la campaña de Trump, ahora no es un tema prioritario. Estados Unidos vive con urgencia la necesidad de resolver cuestiones críticas materia de seguridad, como la inestabilidad en Siria o las amenazas del programa nuclear norcoreano, y en el ámbito político su presidente debe enfrentar acusaciones sobre espionaje y la intromisión de Rusia en su campaña electoral. Ello en un contexto de polarización de la política interna, que si bien funcionó para que Trump llegara a la Casa Blanca, hoy en día se ha convertido en un obstáculo en la implementación de las promesas de campaña.

El impacto económico en la seguridad es diferenciado

El hecho de que coincidan máximos históricos de violencia y de índices bursátiles, podría interpretarse erróneamente como que la economía y la seguridad son esferas que no tienen relación entre sí. Sin embargo, existe una vasta literatura que argumenta lo contrario, al decir que los indicadores económicos (la Población Económica Activa (PEA), el PIB, los niveles de desempleo, los niveles de desigualdad) tienen injerencia en las cifras de incidencia delictiva, y en la violencia que ésta genera.

Es más, el incremento de la incidencia delictiva y la violencia que la acompaña puede incluso comprometer la viabilidad de los gobiernos locales (municipales y estatales), así como los recursos del Estado destinados a la provisión de servicios públicos, además de que sugieren alteraciones negativas sobre el clima de negocios.

Las tendencias entre la inseguridad y la economía no siempre son fáciles de interpretar y pueden resultar contraintuitivas. La razón fundamental de esta confusión es que “la economía mexicana” es un concepto demasiado amplio y merece ser desarticulado. La lección de que coincidan máximos en la BMV y altos índices de violencia es que el impacto que tiene la inseguridad depende del sector económico afectado y la tipología del delito que se busque analizar. Es decir, la inseguridad y la violencia asociada sí impacta a la economía, pero impacta de manera distinta según sea el caso.

En el marco macroeconómico asociado a los grandes inversionistas extranjeros y nacionales que cotizan en bolsa, los problemas internos de seguridad que acechan a México, no son un verdadero disuasivo para sus beneficios económicos.

En el agregado, los costos asociados a la seguridad son un gasto menor en comparación con sus ganancias por la composición misma de estas empresas y su privilegiada situación, al gozar de incentivos fiscales y condiciones especiales de seguridad, que regularmente son brindadas por los mismos gobiernos estatales (el caso más simbólico es el de los parques industriales en El Bajío).

El argumento expuesto se cumple si se contempla que la inversión extranjera directa ha mantenido su ritmo durante el último lustro, y la inversión de portafolios, que es sensible a eventos de corto plazo, ha mantenido un ritmo ascendente en México. Esto deja en evidencia que las grandes corporaciones siguen invirtiendo en México a pesar del aumento de las cifras de incidencia delictiva que año con año ha tenido la administración Enrique Peña Nieto.

El efecto de la inseguridad en la economía doméstica es diametralmente distinto:  es mucho más significativo. Destaca su impacto en el sector turístico de cadenas nacionales, donde es alarmante la afectación a sitios como Acapulco, Los Cabos o Cancún, entre otros, donde la percepción de inseguridad afecta la decisión de los extranjeros por visitarlos. Estos se decantan por otros lugares que gozan de mayores condiciones de seguridad y por añadidura, la derrama económica para es menor en perjuicio de México.

Los transportistas, en los últimos años, han sido un sector ampliamente afectado por la inseguridad en las carreteras, tanto por la delincuencia del fuero común como aquella organizada, misma que ha obligado a incrementar de manera significativa los costos en la prevención (GPS, alarmas, cabinas especiales, blindaje, etc.)

Los pequeños negocios (Pymes), que generan la mayor parte de los empleos del país, ubicados en territorios donde opera de manera extensa el crimen organizado son quizás los actores económicos que más perjudicados por la reducción de la demanda que viene presidida de la inseguridad y por el reparto de ganancias que les exigen integrantes del crimen organizado a través del “derecho de piso.” Además de los costos de victimización que supone la delincuencia del fuero común.

El impacto diferenciado de la violencia en los comercios locales y las grandes corporaciones es síntoma de desigualdad en las condiciones de seguridad que viven los distintos actores económicos en México.

La postura pragmática de las autoridades de gobierno ha privilegiado la protección a las grandes corporaciones al considerarlo una opción económicamente más rentable. La coincidencia de máximos en inseguridad en la BMV y en inseguridad es evidencia suficiente de la poca injerencia de los niveles de violencia crítica sobre los beneficios económicos de los grandes inversionistas de la economía mexicana; la economía doméstica y operada por las clases medias y bajas no tiene la misma fortuna.