Un acuerdo mediático que no alcanza

El lunes 9 de enero de 2017, en el marco del descontento popular por aumento en el precio de la gasolina, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. Este es un pacto entre el Gobierno Federal, agrupaciones de empresarios y centrales obreras y campesinas, que tiene por fin evitar una escalada en los precios de los bienes que conforman la canasta básica y mantener y fomentar el crecimiento económico.

Los compromisos incluyen la mejora del transporte público a nivel nacional a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), el impulso a la inversión privada por medio del otorgamiento de 18,000 millones de pesos en crédito a través de la banca de desarrollo, el fomento a la inclusión laboral de personas en situación de pobreza, así como el impulso a los servicios de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Los empresarios se comprometieron a no incurrir en un aumento discriminado de los precios de los productos de la canasta básica, mientras que las centrales obreras y campesinas asumieron como tarea la de a vigilar los precios y evitar los abusos. El Gobierno Federal, por su parte, prometió austeridad económica con la reducción de 10% en el presupuesto destinado a sueldos y salarios de funcionarios federales de mando superior, refrendó su compromiso con el combate a la corrupción y el fortalecimiento del estado de Derecho.

El acuerdo signado será supervisado por el Comité Nacional de Productividad y fue firmado por Confederación Nacional Campesina (CNC) El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Gobierno Federal.

Más político que económico

Transmitido en vivo a través de la página oficial de Presidencia de la República, el Pacto en mención pretende calmar los ánimos de sectores que reprochan que detrás del “gasolinazo” y sus posibles efectos, como una inflación de hasta 5%, no hay ninguna estrategia, vaya ni siquiera medida, que busque mitigar sus consecuencias en la población más marginada.

El descrédito e impopularidad del Gobierno Federal, y en específico del presidente Peña Nieto, han conseguido que este acuerdo sea visto como un paliativo mediático, más que un plan de medidas bien estructuradas. Entre los principales críticos del Pacto, estuvo la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que lo tachó improvisado, incompleto e insuficiente, y acusa de no haber tomado en cuenta las opiniones un mayor número de actores, afirmó que no representa un consenso nacional y que sólo es imagen pública. La COPARMEX también afirmó que no está en contra del Gobierno Federal ni de las organizaciones que firmaron dicho acuerdo.

El acuerdo efectivamente hace referencia a medidas ya contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación como es el caso del presupuesto al IMSS y los proyectos de Infraestructura, así como el regreso de los recursos de las Afores a los trabajadores retirados.

No obstante, también incluye propuestas novedosas como la utilización de FONADIN para proyectos de transporte público, privilegiando los vehículos que operen con gas (combustible más económico), y los 18,000 millones pesos, aparentemente extras, para detonar créditos al sector empresarial.

Los beneficiados

Las medidas anunciadas distan mucho de ayudar a las personas más vulnerables a las consecuencias negativas derivadas del aumento del precio de los combustibles, exceptuando, quizás, los incentivos a la inversión en transporte público. Se prevé que, de implementarse a cabalidad las disposiciones contenidas en el acuerdo, los principales beneficiados serían los trabajadores formales y los empresarios, que no representan el grueso de los más afectados por el aumento en los precios de las gasolinas.

El pacto, tal como está planteado, y aun considerando que cada uno de sus signatarios cumplieran con los acuerdos ahí contenidos, no sería suficiente para cumplir con los objetivos para los que fue convocado, es decir, proteger al sector de la población con los ingresos más bajos y que mayormente será afectada con las consecuencias del aumento de los precios de las gasolinas. Y tampoco será suficiente para mejorar la imagen pública de un gobierno cada vez más desacreditado, desgastado y con menor margen de maniobra política.

Analistas y expertos consideran que más que mediáticos anuncios, la economía de México requiere de acciones concretas que realmente apoyen de manera efectiva a la población más marginada, como el aumento del salario mínimo o una mayor cobertura e incremento de los montos en los programas sociales del Gobierno Federal para los sectores más marginados, evaluación efectiva del impacto social de programas federales, recortando aquellos que no sean significativos, y más que retórica, verdaderos esfuerzos para el combate a la corrupción.