Videos sugieren abuso de autoridad del Ejército

La serie de cinco videos que captaron cámaras de seguridad disponibles en Youtube, subidas a dicha plataforma por presuntos huachicoleros permitieron ver la presunta ejecución extrajudicial de un militar en contra de un civil en Palmarito Tochapan el pasado 3 de mayo. Dicho embate, presuntamente detonó el suceso donde 4 militares y 6 civiles fallecieron en un enfrentamiento entre huachicoleros y soldados en Palmarito Tochapan el 3 de mayo de acuerdo con los videos en YouTube publicados por el usuario “Palmarito Tochapan”, que además permitieron conocer la forma en la que dos militares fueron abatidos a quemarropa por huachicoleros.

Este suceso provocó llamados desde el gobierno federal para pedir la investigación del accionar del Ejército en dicho operativo. Ante esto, Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), argumentó que los distintos abusos a los derechos humanos cometidos por militares mientras  realizan labores de seguridad pública son riesgos que se deben tomar asumir en el combate al crimen organizado, pues los soldados no son adiestrados para realizar labores de patrullaje, por lo tanto, pueden incurrir en abusos.

Abusos recientes

A raíz de una mayor participación del Ejército Mexicano en tareas como el patrullaje o vigilancia de zonas con amplios niveles de violencia, desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa, las denuncias hechas en su contra por violación a los derechos humanos han aumentado. En este sentido, destacan dos casos emblemáticos de abusos del ejército sobre la población civil: el del Tecnológico de Monterrey y el de Tlatlaya.

Uno de los casos más impactantes en los que la participación del Ejército se vio comprometida, se dio el 19 de marzo de 2010 cuando enfrentó a un supuesto grupo de delincuentes frente al Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León. El Ejército ejecutó, durante el enfrentamiento a dos estudiantes de dicha universidad: Jorge Mercado y Javier Arredondo; a quienes -además-  les sembró armas, para afirmar públicamente que había detenido a dos sicarios.  El relato del Ejército fue rechazado por diversos testigos, además de que sus familiares identificaron a los estudiantes. A pesar de lo mediático del caso, el caso quedó impune, sin que los militares hayan sido juzgados.

Otro de los casos más representativos en los que se sabe del abuso por parte del ejército es el de Tlatlaya. Distintos medios informaron que 22 presuntos sicarios fallecieron en un enfrentamiento con soldados en San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, a consecuencia de una operación extrajudicial.  El 30 de junio de 2014, un año después de la ejecución, la ONU pidió a México que realizara una investigación, de la cual resultaron siete militares, un soldado y un oficial retenidos.

El Ejército nunca pidió salir a las calles

Desde el sexenio de Calderón, al Ejército mexicano se le encargó participar en labores de seguridad. En su administración, el titular del titular del ejecutivo federal tomó la decisión de realizar operativos en diferentes regiones del país que mantenían una situación crítica de violencia. La decisión de combatir frontalmente al crimen organizado tenía el doble propósito de debilitar a las organizaciones delictivas, así como de reducir la oferta de estupefacientes en territorio mexicano.

A más de diez años de esta decisión, la Procuraduría General de la República (PGR) hoy tiene detectados nueve cárteles: Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Pacífico, de Carrillo Fuentes, el de los Arellano Félix, la Familia Michoacana, de los Beltrán Leyva, Los Zetas, Cártel del Golfo, Caballeros Templarios y 37 células delictivas. En este sentido, el mapa delictivo actual creció en magnitud y violencia.

Ante la situación crítica de inseguridad que se vive actualmente en territorio mexicano, algunos analistas han argumentado que la presencia del Ejército es necesaria en zonas donde existe una situación de violencia crítica. Sin embargo, el desgaste  actual que recaen sobre el Ejército por las acusaciones de abuso de autoridad, hacen pensar que la presencia de éste en tareas encomendadas en el combate al crimen es cada vez menos factible.

En palabras del Salvador Cienfuegos diciembre de 2016 “el Ejército no nunca pidió salir a las calles; son los gobiernos no han hecho su tarea.” El General ha reiterado que paralelamente a la presencia del Ejército en las calles, las policías estatales no se han reestructurado y que prevalece un vacío legal, pues no se define la clara participación del Ejército en tareas de seguridad. El general Cienfuegos ha insistido en la necesidad de elaborar una Ley de Seguridad Interior que no tenga la intención de darle mayores atribuciones al ejército, sino de delimitar las atribuciones y funciones que tendrá en operaciones de seguridad interior.

Si bien, la presunta ejecución extrajudicial en Palmarito Tochapan el 3 de mayo, significaría un acto más del Ejército fuera de la ley, si no se fortalecen a las autoridades e instituciones locales de procuración de justicia, se prevé que los riesgos de que el Ejército realice abusos a los derechos humanos serán mayores.