Amparan a Padrés por fraude y lavado de dinero

El juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal con sede en la Ciudad de México, Erik Zabalgoitia, otorgó un amparo a favor del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y ordenó reponer el proceso iniciado contra éste por los delitos de defraudación fiscal y lavado de 8.8 millones de dólares. Esto, debido a que, de acuerdo con la sentencia de amparo, el juez federal consideró que en el juicio iniciado en contra del ex gobernador no se analizaron los argumentos de su equipo de abogados y probablemente no existen los requisitos formales exigidos a la Secretaría de Hacienda para este tipo de acusaciones.

Como consecuencia, de este argumento, el juez federal dejó sin efecto la orden de formal prisión dictada el pasado 16 de noviembre en contra de Guillermo Padrés, ya que consideró que ese fallo no precisa si la autoridad fiscal realizó una auditoría para justificar las acusaciones de defraudación fiscal.

Sin embargo, el amparo otorgado al ex mandatario local no significa que saldrá en libertad. Padrés permanecerá preso en el Reclusorio Oriente, debido a que este amparo le fue concedido para efectos de una reposición, por lo cual, tanto sus abogados como la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron la revisión del fallo ante un tribunal colegiado penal. Éste último, será la autoridad que emitirá su veredicto en forma definitiva.

Consecuencias de los gobernadores corruptos

De acuerdo con María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), hasta el momento son 11 los ex gobernadores que tienen que rendir cuentas ante la justicia por delitos contra la salud, lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, peculado, desvío de recursos, venta ilegal de terrenos del patrimonio estatal, delitos electorales, encubrimiento, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

No obstante, entre 2000 y 2013, el periodo en el que México tuvo 63 gobernadores, la prensa reportó 71 casos de corrupción por parte de 41 gobernadores. De estos, tan solo 16 casos fueron investigados y únicamente cinco gobernadores fueron procesados y encontrados culpables.

Como consecuencia se ha observado un aumento en la indignación de los ciudadanos, por lo cual, se ha colocado como el segundo problema que más preocupa a los mexicanos después de la inseguridad. Del mismo modo, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha visto afectado por una serie de escándalos de corrupción en los gobiernos locales –que en su mayoría pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI), es decir, el partido al que pertenece el mandatario- y ha sido criticado por su actitud pasiva e inoperante.

Al mismo tiempo, los gobernadores parecen operar sin ningún contrapeso. Los jueces, el Congreso local, la oposición, las organizaciones civiles y los periodistas parecen no tener ningún tipo de injerencia sobre las acciones descaradas de corrupción que realizan los mandatarios en sus estados, dejándolos en total libertad y con completa impunidad sobre sus acciones.

Sin embargo, es cierto que los ciudadanos mexicanos han reaccionado ante una situación de la cual las autoridades federales no parecen tomar responsabilidad alguna. El medio por el cual han logrado castigar de alguna manera la corrupción de los gobernadores es a través del ejercicio del voto. En estados como Veracruz, con Javier Duarte como gobernador; Quintana Roo, con Roberto Borge; Tamaulipas, con Tomás Yarrington y Sonora, con Guillermo Padrés –los cuales pertenecían al PRI y al PAN- como consecuencia de sus gobiernos corruptos, hoy en día el gobierno está en manos de otro partido. En el caso de Tamaulipas, el gobierno actual pertenece al Partido Acción Nacional (PAN) y en el de Sonora el gobierno estatal está en manos del PRI. Así mismo, en el caso de Quintana Roo y Veracruz pasaron a ser gobernados por una coalición entre el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Algo que es evidente es que hoy en día no se han establecido los contrapesos necesarios. Ante la ola de casos de corrupción, Peña Nieto y el gobierno federal han reaccionado de forma tibia e ineficaz. Y aunque los ciudadanos han logrado castigar a los partidos políticos de los cuales eran pertenecientes estos ex gobernadores, aún existen muchos que operan bajo completa impunidad. De esta manera, sería necesario que el gobierno federal concentrará sus esfuerzos en, no solo investigar, sino también castigar a los funcionarios que han incurrido en actos corruptos durante sus mandatos.