El fenómeno huachicolero, un tema de Seguridad Nacional

La extracción de hidrocarburos de ductos de propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), se ha convertido en una gran industria. En un inicio esta actividad era llevada a cabo por grupos de delincuencia organizada como una forma para diversificar sus ingresos. Sin embargo, con el tiempo han surgido grupos delictivos que se dedican exclusivamente al robo de combustible conocidos como “huachicoleros”.

Estos grupos se dedican a la sustracción, transportación y venta del combustible adquirido de manera ilegal y operan en los principales estados en donde Pemex tiene ductos. Como consecuencia, el número de tomas clandestinas ha aumentado significativamente. La siguiente gráfica refleja la cantidad de litros de hidrocarburos robados por los huachicoleros de 2009 a 2016.

Gráfica 1. Litros de hidrocarburos perdidos (millones) 2009-2016

Fuente: elaboración propia con información de Animal Político

De acuerdo con la gráfica, en ocho años la cantidad en volumen asciende a 14 mil 652 millones de litros, los cuales equivalen a 250 pipas de 20 mil litros de combustible cada día. En consecuencia, el Estado mexicano ha acumulado un daño de alrededor de 159 mil 957 millones de pesos en combustible robado.

Gráfica 2. Pérdidas de Pemex en millones de pesos 2009-2016

Fuente: elaboración propia con información de Animal Político

En la gráfica se observa que la pérdida en inversión de Pemex ha ido en aumento. De la misma manera que la cantidad de tomas clandestinas ha incrementado considerablemente en los últimos años.

Además, según la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) el fenómeno del huachicol se ha generalizado en todo el país. Es decir, la venta de combustible robado no es exclusivo de la región conocida como el Triángulo Rojo, sino que desde el 2012 se extendió a prácticamente todo el país, con excepción de algunas entidades como Nayarit y Baja California Sur.  De acuerdo con esto, la mayor cantidad de puntos de ordeña se identificaron principalmente en los estados de Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México.

A pesar de esto, es cierto que, durante el 2016 el estado de Puebla ocupó el primer lugar a nivel nacional con mayor número de tomas clandestinas, siendo los municipios que integran el llamado Triángulo Rojo – Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo y Tecamachalco – los que tienen mayor incidencia. Con base en esto, se puede decir que, en los últimos cinco años, esta entidad se ha convertido en el “epicentro del robo de combustible”.

Con respecto al enorme crecimiento y expansión de este delito en los últimos años se considera que hay al menos tres dependencias responsables. En primer lugar, la subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, la única autoridad interna de la empresa del Estado con facultad para proteger sus instalaciones; en segundo lugar, la Policía Federal, que no le da prioridad a este tipo de delitos y, en tercer lugar, la Procuraduría General de la República (PGR) o las Procuradurías Estatales, que no realizan las investigaciones pertinentes debido a que cuentan con poca preparación técnica para armar los casos.

Como consecuencia de lo anterior y aunado a la situación de descomposición de la empresa se ha favorecido este delito de poca complejidad y muy alta rentabilidad. De acuerdo con lo anterior, a continuación se enumeran tres recomendaciones basadas en la experiencia internacional y tomando en cuenta a otros países que han sufrido este tipo de delitos como Colombia y Nigeria.

  1. El desarrollo y la implementación de unidades de análisis y monitoreo dentro de Pemex sobre el tema de robo de hidrocarburos.
  2. Una coordinación efectiva con los órganos de seguridad que como resultado genere un Grupo de Operaciones Especiales para atención de este delito.
  3. La especialización de Ministerios Públicos para la atención de estos delitos, debido a que en repetidas ocasiones se necesita de ciertos conocimientos técnicos que no tienen. Esto a pesar de que Pemex ha realizado inversiones en cursos de capacitación para la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y otras dependencias.

Éstas son sólo algunas de las iniciativas que se han desarrollado en otros países y empresas con el objetivo de reducir este tipo de delitos de manera conjunta y coordinada.

Finalmente, es claro que la presencia de huachicoleros no sólo impacta negativamente en las finanzas de Pemex y en las del país. Este problema también tiene implicaciones en temas de seguridad de las comunidades con presencia de tomas clandestinas cercanas a sus viviendas, o incluso dentro de sus predios y sembradíos. En este sentido y sin lugar a dudas, el fenómeno huachicolero se ha convertido en un tema de Seguridad Nacional que debe ser atendido como prioridad por las instituciones del Estado.