Espionaje del Gobierno Federal a activistas y periodistas

Periodistas, defensores de derechos humanos y activistas contra la corrupción han sido víctimas de un software de espionaje implantado en sus dispositivos móviles por el Gobierno Federal. El New York Times destacó que en total han sido once los ciudadanos involucrados en estos hechos de espionaje entre los cuales sobresalen la periodista Carmen Aristegui y su hijo de 16 años; el comunicador Carlos Loret de Mola; Juan Pardinas director general del Instituto Mexicano para la Competitividad y su esposa, así como Mario Patrón, abogado defensor de los 43 normalistas desaparecidos y director ejecutivo del Centro PRODH.

El software utilizado por el Gobierno Federal de nombre “Pegasus”, está destinado para uso exclusivo al combate del crimen organizado, es decir, dar seguimiento a criminales y terroristas mediante el espionaje con el objetivo de capturarlos. El modo de operación consiste en la infiltración de teléfonos inteligentes, aparatos electrónicos, entre otros dispositivos por medio de un hipervínculo mandado a través de un mensaje de texto. Una vez que el objetivo a seguir ha dado “clic” al hipervínculo; el software es capaz de monitorear llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos, calendarios, así como activar de manera remota el micrófono y la cámara para mantener una vigilancia permanente.

El costo por parte de los Gobiernos para la contratación de este software espía es muy alto. De acuerdo con información del New York Times, la empresa cobra por el número de objetivos a vigilar y el costo por diez personas es de 650,000 dólares más los costos de instalación de 500,000 dólares; por lo que de 2011 a la fecha el Gobierno Federal ha gastado alrededor de 80 millones de dólares en este tipo de servicios.

NSO Group, empresa israelí encargada de desarrollar y vender a los gobiernos el software mencionado, señala que es muy complicado poder determinar quién está detrás de los hackeos a los teléfonos móviles; lo que sí es posible identificar son los dispositivos que contienen el software y el momento en que ha sido utilizado.

La investigación realizada por el New York Times -en donde se investigaron decenas de mensajes- menciona a Bill Marczak, investigador sénior en Citizen Lab, el cual confirma que los teléfonos de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos contenían el software.

Los afectados

Carmen Aristegui: periodista que realizó una investigación acerca de un acto de corrupción, el cual vinculaba al presidente Peña Nieto con una de las constructoras más grandes del país; fue de tal forma que después de ver la luz dicha investigación -según el New York Times– en 2015 empezó a recibir mensajes los cuales contenían un hipervínculo el cual al dar clic se descargaría el software Pegasus de manera inadvertida.

Juan Pardinas: colaborador en la Ley 3de3 la cual obliga a los funcionarios a divulgar sus declaraciones patrimoniales y donde el Senado de la República la amplió a personas o empresas que tuvieran colaboración con diferentes instituciones de gobierno tuvieran la misma obligación de divulgar sus declaraciones; al final Peña Nieto vetó dicha ley argumentando que necesitaba ser discutida con mayor profundidad.

Mario Patrón: director del Centro PRODH involucrado en varios casos contra el gobierno por abuso a los derechos humanos del país siendo -igual que Aristegui- un gran crítico de gobierno. Además del caso de los 43 normalistas desparecidos, lleva el caso de una sobreviviente en un ataque militar en Tlatlaya donde se piensa que el ejército llevo a cabo ejecuciones extrajudiciales; también tiene por clientes a unas mujeres de Atenco que -en tiempos donde Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México- fueron víctimas de abuso de poder por parte de los policías involucrados

Carlos Loret de Mola: comunicador perteneciente a Televisa y gracias a las investigaciones de una posible participación y encubrimiento por parte del gobierno federal mexicano de la desaparición de 42 personas en el Rancho el Sol fue víctima del citado espionaje.

Salvador Camarena y Daniel Lizárraga: periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad fueron víctimas del software mientras se encontraban realizando publicaciones sobre un reportaje de las empresas fantasmas en las que Javier Duarte resultó dueño.

Rafael Cabrera y Salvador Barragán: colaboradores de Carmen Aristegui y participes de la investigación de “la Casa Blanca” fueron también periodistas a los que el Gobierno Federal decidió espiar con el software Pegasus.

Stephanie Brewer y Santiago Aguirre: abogados y co-ejecutores de los casos en los que Mario Patrón -director ejecutivo de la (ONG) Centro Miguel Agustín Pro Juárez- tenía participación como el de las mujeres de Atenco; también fueron víctimas de espionaje.

Alexandra Zapata: quien trabaja para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) al igual que Juan Pardinas impulsores de la ley 3de3 fue seleccionada por el gobierno Federal para poder investigarla.

Las implicaciones del espionaje

El espionaje y la vigilancia gubernamental ilegal compromete el derecho a la privacidad de manera severa, especialmente cuando no existen controles legales y supervisión democrática de las facultades de vigilancia estatal. En México, no existe una regulación específica de herramientas altamente intrusivas de vigilancia como el software Pegasus. No obstante, la legislación sí reconoce la posibilidad de que algunas autoridades puedan requerir autorización judicial federal para la intervención de comunicaciones privadas para fines específicos, aunque es relevante mencionar que la Constitución limita las materias en las que las autoridades pueden otorgar dicha autorización.

Es interesante resaltar el hecho de que el uso repetido de estos ataques en contra de periodistas y defensores de derechos humanos se ha dado durante momentos críticos en su trabajo y todos con un actor en común: el gobierno federal. Por lo cual, resulta altamente improbable que una autoridad judicial federal haya dado autorización para este tipo de invasiones a la privacidad de dichos personajes.

Consecuentemente, en caso de que los intentos de infección de los dispositivos de los afectados hubieran sido llevados a cabo de manera ilegal, sin una autorización judicial y para fines ilegítimos, es claro que esto sería catalogado como un delito. El cual tiene una pena de 6 a 12 años de prisión además de multas que van desde los 300 a 600 salarios mínimos para cada uno de los implicados, pues se estaría violando el artículo 16 constitucional el cual señala que “las comunicaciones privadas entre particulares son inviolables”.

En ese caso, seria necesaria la realización de una investigación exhaustiva que permita, en primer lugar, identificar a las autoridades mexicanas que han adquirido el software. En segundo lugar, identificar a todas las personas afectadas por los actos de espionaje ilegales para hacer de su conocimiento la información ilegalmente obtenida y utilizada. Finalmente, determinar la identidad de todos los autores materiales e intelectuales detrás de las operaciones de espionaje para que reciban las sanciones correspondientes.

Es importante reconocer que, dado el carácter enormemente intrusivo de este tipo de softwares, la utilización de estas herramientas debería limitarse a casos exclusivos y excepcionales, además resultaría indispensable que los mismos no sean utilizados sin una base legal, la cual regule su utilización de manera específica y estricta.