El referéndum en Barcelona: ¿ilegal o libertad de expresión?

Los antecedentes del problema

La muerte del general Francisco Franco en 1975 y la transición hacia un sistema democrático, resultaron en la reinstauración de las instituciones catalanas y en la redacción de la Constitución de 1978, la cual estableció la creación de un sistema de administración territorial formado por 17 Comunidades Autónomas, siendo Cataluña una de ellas. Sería importante aclarar que, este sistema permite a las Comunidades Autónomas tener su propio Gobierno y una serie de competencias específicas dentro de un marco legal general establecido por la misma Constitución.

Sin embargo, tras un proceso que duró varios años, en 2012, el Tribunal Constitucional tomó la decisión de que 14 de los artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña -aprobado en 2006- eran “inconstitucionales y, por lo tanto, nulos.” Y aunque el Tribunal Constitucional mantuvo la definición de Cataluña como nación, los magistrados eliminaron cuestiones relacionadas con la administración de justicia, los mecanismos de financiación de la Comunidad Autónoma y la designación del catalán como “lengua preferente” en las instituciones públicas.

Como consecuencia, la medida motivó a que gran parte de la población -a la que no se le pasaba por la cabeza el tema de la independencia- recurriera a la opción de independizarse como una expresión de rechazo a este tipo de políticas.

El referéndum

El pasado 6 de septiembre, el presidente de la Generalitat -el funcionario que cuenta con la representación más alta en la Comunidad Autónoma que, de igual manera, dirige y coordina la acción del Gobierno autonómico-, Carles Puigdemont, convocó el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, con el objetivo de hacer a los ciudadanos una única pregunta: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República? De este modo, y de ganar el Sí, el ejecutivo regional aseguró que estaría legitimado para que se proclamara la independencia de manera unilateral.

Desde el primer momento en que se dio a conocer la idea de la Generalitat, el gobierno de Madrid no solo se opuso, sino que advirtió que tomaría medidas legales si el gobierno catalán seguía adelante con su propósito, debido a que sus autoridades consideran que el referéndum vulnera la Constitución.

Adicionalmente, el Tribunal Constitucional prohibió la consulta al considerarla contraria a la Carta Magna, la cual establece que la “soberanía nacional reside en el pueblo español”, es decir, que una parte del pueblo -los catalanes- no puede decidir por todos. Más aun, de acuerdo con las leyes españolas, las Comunidades Autónomas no tienen autoridad para convocar un referéndum -estas consultas solo pueden ser convocadas por el Rey, como propuesta del presidente del gobierno y con previa autorización del legislativo-.

No obstante, el gobierno catalán no reconoció la decisión del Tribunal Constitucional y continuó con los preparativos para llevar a cabo la consulta. Y a pesar de la crisis institucional que surgió, muchos municipios catalanes respondieron de manera favorable ante la convocatoria realizada por la Generalitat y decidieron instalar las urnas en sus poblaciones para la votación del referéndum.

Los resultados

El día de ayer -pasada la media noche-, la Generalitat presentó los resultados del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

Gráfico 1. Resultados del referéndum Catalunya 1-0

Fuente: Elaboración propia con datos del Govern de Catalunya.

El portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, reveló que, de una población total de 5 millones 343 mil 358 personas, se contabilizaron 2 millones 262 mil 424 votos, es decir, se registró una participación del 42 por ciento. De los cuales, el 90.09 por ciento votó por el (2,020,144 personas); el 7.87 por ciento por el No (176,565 personas); el 2.03 por ciento dejó en blanco la papeleta (45,586 personas) y el 0.89 por ciento del voto fue nulo (20,129 personas).

A pesar de esto, es cierto que, los resultados son poco significativos. Por un lado, el referéndum, desde un principio, carecía de garantías legales. Por otro lado, se dieron diversos casos de personas que votaron varias veces o sin control de identificación; además, el gobierno catalán no tuvo la capacidad de explicar el origen del censo, ni el método usado para el recuento.

Las consecuencias

Tras los acontecimientos de este domingo en Cataluña, el Departamento de Salud catalán, reportó un total de 893 heridos o contusionados, como resultado de los enfrentamientos de la Policía y Guardia Civil con la población para impedir la celebración del referéndum. Del mismo modo, la institución indicó que la Región Sanitaria Barcelona fue la más afectada y la que tuvo el mayor saldo de heridos. Sería importante aclarar que, la tensión entre la población civil y las autoridades surgió debido a que, por orden judicial, se llevaron a cabo detenciones e incautaciones de urnas y papeletas con el objetivo de desmontar el referéndum de independencia en Cataluña, que como se mencionó, fue anulado por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, con respecto a la situación en España, la Unión Europea hizo un llamado al gobierno catalán para que respete la decisión del Tribunal Constitucional, aunado a esto, advirtió que solo reconocerá el resultado de un referéndum que cumpla con la legalidad. Adicionalmente, ningún país apoyó la consulta de manera directa -con excepción de Venezuela-.

Los posibles escenarios a futuro

Debido a que los resultados -aunque de manera dudosa- demostraron que una gran parte de la población catalana desea independizarse, pueden presentarse distintos escenarios.

  1. Negociaciones

El gobierno catalán podría optar por no proclamar la independencia de manera inmediata. Como consecuencia, los independentistas podrían convocar movilizaciones masivas en toda Cataluña, lo cual sería perjudicial para la economía española, ya que la región representa el 19 por ciento del PIB nacional. Por lo mismo, una negociación sobre la concesión de más competencias al gobierno regional y una mejora de la financiación sería una solución viable.

  1. Proclamación de una República

El presidente catalán, Carles Puigdemont, podría hacer una declaración unilateral de independencia. Sin embargo, la legislación vigente estipula que Madrid tiene la facultad de tomar el control de la Policía catalana, e incluso cuenta con la autoridad para detener a Puigdemont.

  1. Elecciones

Los separatistas podrían tomar la decisión de no declarar la independencia y de esta manera disolver el Parlamento, lo que llevaría a organizar elecciones anticipadas en Cataluña. De esta manera, los separatistas podrían conseguir que la tensión de los últimos años resultara en un mayor apoyo y, por ende, una mayoría más amplia en la composición de la próxima cámara, para continuar la lucha por la secesión.

Es verdad que Puigdemont ha abierto oficialmente la puerta a una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y, por lo tanto, el Estado español -en esta ocasión- deberá preparar las herramientas adecuadas para afrontar la crisis. Y aun cuando, la justicia española declaró ilegal el referéndum independentista catalán, es evidente que las autoridades españolas actuaron de manera violenta e irresponsable para impedir lo que simplemente pudo haber sido un ejercicio de libertad de expresión de la población catalana, que si se hubiera manejado de manera adecuado habría resultado en una simple encuesta de opinión.