El combate al delito de desaparición de personas en México.

En comisiones unidas de Gobierno y Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República, se aprobó la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometidas por Particulares que tiene como objetivo dar una solución, principalmente, a las desapariciones de personas que ha dejado la guerra contra el crimen organizado desde 2007, aunque también la ley se aplicará a desapariciones relacionadas con movimientos políticos y sociales.

La ley prevé la creación de tres registros nacionales: el Registro Nacional de Fosas, que tendrá la obligación de dar a conocer el número de fosas clandestinas que sean encontradas por las autoridades y su localización, así como un registro de las fosas de uso común en el país; el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que integrará la información de las averiguaciones previas de personas desparecidas que tienen registradas las fiscalías estatales y la Procuraduría General de la Republica (PGR); el Registro Nacional de Personas Fallecidas no identificadas y no reclamadas, que integrará los registros genéticos, características físicas, sexo y lugar de localización de los cadáveres no identificados, así como de las personas que por alguna incapacidad no puedan reconocer su propia identidad .

La ley también prevé la creación de la Comisión Nacional de Búsquedas que será un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, cuya función será la coordinación de las acciones para la pronta localización de las personas desaparecidas y la recolección de los datos para la formación de los registros nacionales antes mencionados.

Esta ley es una forma en que el Estado mexicano responde al alarmante aumento de las desapariciones en México desde 2007. Por ejemplo, la Gráfica 1 da cuenta del aumento casi exponencial de las personas en calidad de desaparecidas en México y dicho aumento coincide con el despliegue de fuerzas de seguridad para el combate al crimen organizado.  En total, 27,887 personas están desaparecidas al cierre de 2015, la mayoría hombres (Gráfica 2) y los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas concentran el 79.40% de los registros de desapariciones.

 Grafica 1.- Personas desaparecidas por año

Fuente: PGR Y SESNSP

Gráfica 2.- Personas desaparecidas por sexo

Fuente: PGR y SESNSP

La ley y su polémica.

La ley no está exenta de polémica y de acusaciones por parte de partidos políticos de oposición al Gobierno Federal y organizaciones de la sociedad civil. La primera de estas críticas  es que se crea la distinción entre  personas no localizadas y  personas desaparecidas, esto propicia, según las organizaciones denunciantes, que una persona que sea calificada como no localizada es sinónimo de la no existencia de algún delito en su desaparición y por lo tanto, no habrá investigación en las primeras 72 horas de la desaparición de la persona, que según las mismas  organizaciones son las más críticas y en donde se tendría que poner el mayor énfasis  para la localización de las personas.

Otra de las polémicas es que la ley no prevé un sistema nacional de personas desaparecidas, es decir, no se delimitan las competencias y facultades de cada uno de los órdenes de gobierno y de las instituciones que se encargan de este tipo de delitos; tampoco prevé las formas y mecanismos para iniciar una investigación por desaparición ni las condiciones técnicas para las labores de investigación como lo piden las organizaciones de familiares de desaparecidos.

En el caso de la Comisión Nacional de Búsquedas, ésta es una institución con capacidades técnicas y operativas que ha servido en otros países para resarcir a la sociedad por los episodios de guerra sucia, guerrilla y violencia criminal que dejan como saldo un sinfín de desaparecidos. Sin embargo, en el caso de México, ésta no tendría capacidades investigativas suficientes, ni contaría con un cuerpo policial para la realización de sus objetivos además de que dependería de las acciones de las fiscalías estatales o de la PGR, lo cual sería dejar a la Comisión Nacional de Búsquedas como una organización solo para la recolección de datos y no una institución que verdaderamente coordine las acciones de localización de las personas.

Hasta ahora la ley parece floja y no permite hacer frente a este delito ni tampoco a las omisiones por parte de autoridades. Sin embargo, los registros nacionales que se logren recopilar, sin duda son un primer paso para obtener datos que permitan entender este delito y formular políticas públicas acordes al reto.  No obstante, es importante reconocer que la discusión en el Senado de esta ley establece los primeros pasos para que el Estado mexicano responda por uno de los problemas públicos más apremiantes de nuestro país en los últimos 12 años.