Cuando las fuerzas de seguridad locales amenazan con irse a paro de labores

El 16 de febrero de 2017 un aproximado de 200 elementos de la Fuerza Única Metropolitana de Jalisco amagaron con irse a paro de labores si es que las autoridades no pagaban las compensaciones que en supuesto tendrían que haber sido efectivas el 1 de febrero.

De acuerdo con información de fuentes abiertas, la compensación responde al convenio entre el Estado y los municipios, en el cual los Ayuntamientos pagan a cada policía comisionado su sueldo normal, y la Secretaría de Finanzas de Jalisco les da una retribución para alcanzar un sueldo mensual de 17,500 pesos.

La compensación varía según el municipio de donde provenga el oficial, por ejemplo, los oficiales de Tonalá reciben unos 12 mil pesos, por lo que el bono extra del estado debe ser de unos 5,500 pesos más por laborar en Fuerza Única. En las administraciones pasadas, de acuerdo con fuentes abiertas, a los elementos de la Fuerza Única se les prometió un sueldo 21,500 pesos mensuales, sin que las autoridades estatales pagaran la proporción acordada.

Este no ha sido el único caso de esta naturaleza en el último año. En noviembre de 2016, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y de la Fuerza Civil realizaron un paro de labores después de que no les fuera pagada una quincena.

Persisten casos similares a éste nivel municipal como el Chiautempan, Tlaxcala, donde elementos de seguridad no recibieron el pago de la última quincena del mes de diciembre de 2016 ni las prestaciones de fin de año, o el de Santa María del Camino, en Oaxaca, donde el Presidente Municipal saliente dejó sin pago de salarios y aguinaldo a policías municipales, quienes realizaron en febrero de 2016 un paro de labores.

Existen varios riesgos en el incumplimiento de pagos a los encargados de la seguridad pública. Primero, se corre el riesgo de perpetuar la debilidad institucional que actualmente adolece a dichos cuerpos, y si bien, evidencia científica sostiene que un paro de labores policial no afecta de manera significativa e inmediata los índices de incidencia delictiva, si tiene afectaciones directas sobre la percepción del actuar de los cuerpos policiales locales, tanto para la población como para los grupos delincuenciales, sobre todo en zonas de mayor conflicto.

Segundo, este tipo de irregularidades, particularmente aquellas relativas al adeudo de pago de salarios y prestaciones, son un impedimento para mantener las labores de dignificación del trabajo del policial, de la misma forma, generan incentivos para la colusión de los cuerpos de seguridad con la delincuencia organizada y socavan el espíritu de cuerpo, fundamental para cualquier institución de seguridad pública.

La Fuerza Única Metropolitana es un cuerpo de reciente creación, con un diseño institucional de vanguardia, cuyo éxito depende de la coordinación efectiva entre los órdenes estatales y locales, sobre todo si espera agrupar a 610 elementos, como fue previsto.

Finalmente, este es uno de los incentivos perversos que han aumentado la dependencia de los Gobiernos estatales en las fuerzas castrenses para las labores de seguridad pública, y con los que se pretende romper a través de la Ley de Seguridad Interior. No hay costos, en términos económicos, para los gobiernos estatales y municipales derivados de los operativos llevados a cabo por los elementos del Ejército y la Marina, lo que no ayuda a fomentar una mejor administración para ese rubro en los niveles estatales y municipales.