Michoacán: un caso exitoso en combate a secuestros

En Michoacán, en los primeros seis meses del año, el secuestro registró una disminución de 41.18%, respecto del mismo periodo de 2015, al presentarse únicamente 18 incidentes de este tipo; mientras que la tendencia nacional en este indicador mostró una disminución de 6.33%.

Información de medios sostiene que es con tecnología y capacitación del Buró Federal de Investigación (FBI) como se combate el secuestro en Michoacán, desde 2014, cuando fue creada la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

De acuerdo con las estadísticas, en 2013 se registraron 183 secuestros con 197 víctimas y se detuvo a 132 presuntos delincuentes. Para 2015 la cifra se redujo a 28 secuestros, 30 víctimas y 126 presuntos secuestradores detenidos.

En lo que va de 2016, se han registrado 18 casos con 25 víctimas. De acuerdo con el Reporte de Incidencia Delictiva de Alto Impacto de septiembre de 2016, elaborado por B Analytics, en el último año la incidencia de secuestros en la entidad disminuyó 10.6%, y registra una tasa de 0.58 secuestros por cada 100,000 habitantes, menor que aquella a nivel nacional de 6.5 secuestros por cada 100,000 habitantes.

Una investigación realizada por El Universal detalla que en los casi tres años de operación, la UECS ha atendido 140 casos y 155 víctimas, 112 de las cuales fueron liberadas. Se detuvo a 387 personas y se desmantelaron 82 bandas.

Entrevistado por el diario, el titular de la UECS, Rodrigo González Ramírez, destacó el uso de la tecnología para combatir este delito. Siendo así que es ésta la única unidad en el país que tiene un helicóptero exclusivamente para atender casos de secuestro.

Estrategia nacional

La Coordinación Nacional Antisecuestro se creó en enero de 2014. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) es el organismo encargado de la coordinación y seguimiento de las acciones necesarias para prevenir, sancionar y abatir el delito de secuestro a nivel nacional.

Para esta labor, se creó un Comité Especial de Seguimiento y Evaluación,  integrado por la SEGOB, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Comisionado Nacional de Seguridad.

Además, se integraron al comité las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Procuraduría General de la República, un representante de las entidades federativas designado por la CONAGO, cuatro de la sociedad civil y la misma Coordinación Nacional Antisecuestro.

La Estrategia Nacional para el Combate al Secuestro incluye la constante coordinación entre las dependencias y el uso de inteligencia por encima de la fuerza, el fortalecimiento capacidades operativas de las unidades antisecuestro en las entidades.

Para esto, uno de los pilares de la estrategia es instituir un sistema único de análisis de información que contenga la base nacional de datos criminales, y un protocolo único de atención ciudadana de secuestro. Las acciones están sujetas a un programa de evaluación y seguimiento que hará la Coordinación Nacional Antisecuestro.

Presupuesto arbitrario

Se han implementado dos estrategias nacionales para el combate al secuestro: una por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y otra más por el de Enrique Peña Nieto. El eje sobre el cual han girado dichas estrategias recae en el fortalecimiento de las Unidades Especiales para el Combate al Secuestro (UECS), que son áreas tácticas de investigación y prevención que dependen orgánicamente de las Procuradurías de Justicia de los Estados.

Desde 2009, las entidades reciben recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para financiar la formación y capacitación de personal especializado, así como para la instalación y el equipamiento de las UECS. A pesar de que se han invertido muchos recursos para el combate al secuestro, esta inversión no se ha visto reflejada en una disminución en la incidencia de este delito en todos los estados donde se presenta tal delito.

A ello podemos sumar, el hecho de que no existe continuidad en la distribución de los recursos, una entidad que recibió mucho presupuesto en un ejercicio fiscal, al año siguiente puede obtener muy poco o incluso nada de dinero. El caso más extremo es el de Zacatecas, que sólo recibió dinero en 2011, pero en los cinco años posteriores se quedó sin apoyos federales.

Hay años en los que una UECS recibe mucho presupuesto y otros años, que no recibe nada, lo irónico, es que las UECS no pueden reservar recursos de los años buenos, para costear los años de vacas flacas, porque si la Unidad no gasta el dinero en el mismo ejercicio fiscal, lo tiene que regresar.

Como ninguna de estas UECS saben si van a tener dinero el próximo año, gastan el presupuesto a partir de una visión de corto plazo, por lo que no se desarrollan procesos escalonados de formación, inversiones en equipo que pueda ser costeada en varios ejercicios fiscales, ni se diseñan estrategias de prevención del secuestro, porque estas acciones tardan más de un año en madurar.

En un estudio sobre los UECS realizado por La Silla Rota en 2014, sostiene que variables como la cantidad de secuestros que registrados en cada estado, el número de secuestros por cada 100,000 habitantes, la cantidad de recursos no ejercidos en los años anteriores o el descenso en el número de secuestros, no resultaron significativos en la reducción del delito.

Mejoras a la Estrategia Nacional Antisecuestro

De acuerdo con el Reporte de Incidencia Delictiva de Alto Impacto de septiembre de 2016, de B Analytics, de octubre de 2015 a septiembre de 2016 se registraron 996 casos de secuestro a nivel nacional, a diferencia de 1,066 contabilizados para octubre de 2014 a septiembre de 2015, lo que sugiere una reducción de 7% en el último año.  Misma que, con casos aislados, como el de Michoacán, no ha sido percibido por la población en general.

En agosto de 2016 la coordinadora Nacional Antisecuestro (Conase), Patricia  Bugarín Gutiérrez, reconoció que la estrategia se encuentra reazagada, principalmente en el área de atención a víctimas. Y si bien todos los estados cuentan con UECS, e incluso con subsedes de la misma, existen importantes áreas de mejora para combatir de manera efectiva este delito.

En especial,  aquella referente a la designación de recursos. Si bien no existe una sola fórmula para repartir los recursos entre las entidades, en realidad, hay muchas posibles variantes, sin embargo, se debe elegir una fórmula que reúna al menos los siguientes elementos:

1) Todas las entidades deben recibir dinero federal y estatal para el combate al secuestro, incluso entidades como Yucatán, Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua y Quintana Roo que tienen tasas por debajo de 0.062 casos por cada 100,000 habitantes.

2) El criterio principal para asignar los montos, debe ser la incidencia de secuestros, mientras más grave sea el problema en una entidad, ésta debe recibir más apoyo para contener el fenómeno, ello aplica a aquellos estados en los que el delito ha mostrado un crecimiento importante en el último año, es decir, Tamaulipas, Tabasco, Morelos, Guerrero y Zacatecas,

3) A pesar de lo dicho en el punto anterior, no se debe castigar la eficiencia, es decir, que si un estado con alta incidencia en secuestros, logra refrenar el problema, es recomendable que al año siguiente, éste no reciba menos recursos, ya que si la UECS está teniendo resultados, lo deseable es que continué con su trabajo, para disminuir aún más, la incidencia de este delito. Como es el caso particular de Michoacán.

4) Se deben hacer auditorias, para verificar que el dinero que se envía a las UECS, se ejerza en estas unidades y no en otras áreas de las Procuradurías.