Interpol tras Padrés y sus ex colaboradores

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) dio a conocer siete fichas rojas y 12 azules para ubicar, detener y extraditar a 19 ex colaboradores del ex gobernador panista Guillermo Padrés Elías. Todos ellos son contemplados como prófugos de la justicia, y eran funcionarios de primer nivel, secretarios o directores de área.  Se les persigue por ser sospechosos de cometer actos de corrupción durante la administración de Guillermo Padrés en el estado de Sonora, de 2009 a 2015.

El 22 de agosto, se dictó el auto de formal prisión en contra de Roberto Francisco Ávila, director de la Auditoría Fiscal en la administración panista, por su participación en el otorgamiento de descuentos fiscales a más de 40 empresas cercanas a la familia y amistades del ex gobernador, causando un quebrando por 700 millones de pesos a la administración estatal.

El miércoles 12 de octubre, el mismo día de la renuncia del entonces gobernador de Veracuz Javier Duarte, la Comisión Anticorrupción del PAN, suspendió sus derechos partidistas al ex gobernador, en tanto se desarrollaban las investigaciones. Ese mismo día, Antonio Lozano García, su abogado, dijo en una entrevista que se han promovido amparos, aunque afirmó desconocer si Padrés seguía dentro del país.

Salvador Ávila Cortés, vocero de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, indicó que la cifra podría llegar a 22 ex funcionarios registrados por la Interpol y que deberán pasar por procesos penales por la comisión de hechos de corrupción.

Sin embargo, fue hasta el 14 de octubre cuando la INTERPOL emitió la ficha roja para localizar, detener y en su caso extraditar a Padrés, quien es acusado de los delitos de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con medios consultados, Ávila Cortés aseveró que el titular de la fiscalía, Odracir Espinoza, estuvo en la Ciudad de México durante más de una semana haciendo con la Procuraduría de General de la República cada una de las fichas. Indicó que con las fichas rojas podrían ser localizados, detenidos y extraditados a México para que sean procesados en la justicia nacional, mientras que a los se les dio ficha azul no podrán ingresar a otros países, ni pueden salir de México.

Destacan entre los sospechosos buscados por ficha roja; el propio exgobernador Guillermo Padrés; su secretario de Gobierno, Roberto Romero López; y la exdiputada local panista Mónica Robles Manzanedo. Los demás individuos no fueron dados a conocer por respeto al debido proceso.

La Fiscalía Anticorrupción de Sonora, mantiene actualmente 317 averiguaciones previas en contra de ex funcionarios de la administración de Padrés, quienes según las auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado ocasionaron daño patrimonial al erario público de aproximadamente 35,000 millones de pesos.

Los principales delitos de los cuales son investigados son enriquecimiento ilícito, incumplimiento de un deber legal, peculado, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, fraude, extorsión, operación con recurso de procedencia ilícita, así como uso indebido de atribuciones y facultades.

Como B Analytics señaló prevamiente, la caída en la aprobación presidencial, así como el escándalo de la “Casa Blanca” son eventos que han motivado que, desde el Ejecutivo Federal y su partido político, el PRI, el combate a la corrupción se haya colocado como un tema central de la agenda, todo esto con miras a 2018 y en espera de un repunte en las preferencias del Gobierno Federal.

La nueva cruzada contra la corrupción, provocará que el Presidente enfrente reacomodos al interior de su partido y con algunos elementos del Partido Acción Nacional (PAN), donde ya se plantean escenarios de alianza en el Estado de México, en 2017, lo que complicaría el escenario de conservar la Presidencia en 2018 para el grupo que hoy manda en Los Pinos. Sin embargo, en Presidencia moverán todas sus piezas, sin importar lo que suceda: el escenario electoral parece perdido.

El Gobierno Federal tiene dos opciones: utilizar a Padrés y a Duarte de chivo expiatorio en su intento por recobrar credibilidad o montar un escenario mediático que se los permita. Definitivamente, todo dependerá de los acuerdos al interior de los partidos y de la presión que grupos ciudadanos ejerzan para facilitar la detención de Padres, Duarte y los colaboradores que resulten implicados.