La impunidad: un golpe para el periodismo en México

El homicidio de Javier Valdez Cárdenas, el sexto periodista en lo que va de 2017, es un reflejo de la violencia que hoy se vive en el país. La violencia contra los periodistas en México ha aumentado en los últimos meses de manera alarmante y no parece haber una reacción acorde por parte de las autoridades.

Javier Valdez, fundador del medio Ríodice, corresponsal del periódico La Jornada y reconocido cronista de las repercusiones violetas del narcotráfico en la vida de las personas en entidades como Sinaloa en el norte de México, fue asesinado hace unos días en Culiacán, Sinaloa cerca de las oficinas de su publicación. De acuerdo con ésta, el periodista fue interceptado y asesinado a balazos a unas cuadras de las oficinas.

Después de que se diera a conocer la noticia del asesinato de Valdez, informadores comenzaron a organizarse para realizar protestas, tanto en la capital del país como en otras entidades, reclamando la falta de justicia y la impunidad ante los seis asesinatos de periodistas en lo que va del año. Consecuentemente, el caso de la muerte de Valdez tuvo una repercusión a nivel internacional, con medios internacionales que señalaron que el asesinato fue un golpe terrible para el periodismo en México.

Adicionalmente, por primera vez en la historia varios medios de comunicación mexicanos – incluyendo portales de internet y revistas – decidieron suspender su trabajo en protesta por el crimen. La decisión de irse a paro fue particularmente significativa, ya que algunos de los medios que participaron tienen intereses diversos o no suelen hablar sobre la violencia contra periodistas.

Los peligros del periodismo en México

Al menos 106 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000, mientras que otros 25 han desaparecido. A excepción de unos pocos, todos los asesinatos y secuestros permanecen aún sin resolver. Es verdad que se cree que, la mayoría de estos crímenes suele ser realizados por cárteles de drogas o por políticos corruptos que trabajan con estos grupos o que están involucrados en otras actividades criminales.

La impunidad sumada al silencio de las instituciones es un golpe para el periodismo y para la sociedad mexicana. En lo que va de este año, no se ha registrado ninguna detención por los seis asesinatos de periodistas. La única reacción a las cinco muertes previas a la de Valdez por parte de las autoridades ha sido la designación de un fiscal de delitos contra la libertad de expresión.

Es claro que estos sucesos han convertido a México en uno de los países más peligrosos para trabajar en los medios de comunicación, debido a que la mayoría de los asesinatos de reporteros y periodistas quedan sin resolver y sin castigo. De hecho, de las casi 800 denuncias por agresiones que se han presentado, en sólo tres ocasiones hubo castigo a los responsables. Esto significa que el 99.7% quedó impune. Por lo mismo, México ocupa el tercer lugar mundial con el mayor número de asesinatos de periodistas, después de Siria y Afganistán.

A pesar del compromiso que el presidente Enrique Peña Nieto realizó con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) de darle seguimiento a los casos de asesinatos a periodistas dentro del marco de sus atribuciones para poder lograr resultados concretos; y de la destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión por falta de resultados, es necesario reconocer que estas acciones no han sido suficientes y que aún hay mucho que hacer.

Es cierto que gobiernos estatales y locales usualmente condicionan la publicidad a una cobertura de prensa positiva y demuestran gran desinterés hacia la investigación de los crímenes contra los trabajadores de los medios. Esto representa un problema, ya que, si no se realiza una investigación a nivel federal, en la mayoría de los casos el crimen permanecerá impune.

De acuerdo con esto, el Ejecutivo debe asegurarse que los funcionarios federales investiguen de manera exhaustiva todos los casos de violencia contra periodistas y que apliquen las medidas y los castigos adecuados. Adicionalmente, el presidente debe garantizar que la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión tenga suficiente autoridad y recursos para hacer su trabajo. De lo contrario, Peña Nieto está en riesgo de dejar un legado de impunidad endémica.