Más de ochenta alcaldes ejecutados a una década de la lucha contra el narco

 

Tan sólo en septiembre de 2016 fue baleada la casa del presidente municipal de Coahuayana, Michoacán, Porfirio Mendoza; el ex presidente municipal de Venustiano Carranza, Puebla, Rigoberto Barragán Amador, sufrió un atentado e intento de secuestro por un grupo de sujetos armados en la carretera México-Tuxpan. A finales del mes, Jesús Antonio Hernández Jiménez ex presidente municipal auxiliar de Mecapalapa, Puebla, fue asesinado.

Desde que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa empezó la llamada Guerra contra las Drogas, el 6 de diciembre de 2006, son 83 los alcaldes y ex alcaldes que han sido víctimas de atentados o han sido ejecutados. Tan sólo en la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, el número de ediles ultimados fue de 36, lo que implica que existen posibilidades de que en lo que resta de su gestión, el número total de alcaldes asesinados sea incluso mayor que en el sexenio de Felipe Calderón con 47.

¿Qué explica tal nivel de violencia frente a los gobernantes locales? La respuesta depende del lugar donde se cometa el crimen, la presencia de la delincuencia organizada o la cultura de violencia que impere en el lugar.

La lucha frontal contra los grandes cárteles, la multiplicación de los grupos delictivos a nivel local, la baja probabilidad de los criminales de ser procesados, y la ausencia de un protocolo especial de seguridad que proteja a los alcaldes de un posible homicidio ha aumentado la probabilidad de este delito en zonas donde opera el crimen organizado.

En la última década, con el contexto de alta inseguridad nacional, la violencia política puede hacerse pasar por violencia generada por el crimen organizado. En algunas zonas del país, hay tantos homicidios que es muy difícil detectar el motivo de cualquiera de ellos. Además, la mayoría de éstos tienden a ser etiquetados por las autoridades como acciones de la delincuencia organizada. Actualmente, un homicidio puramente político se puede disimular fácilmente como un acto criminal.  Eso aleja la atención de las autoridades de las disputas políticas.alcalde1

Por otra parte, a raíz de la estrategia de descabezar a los principales grupos delictivos, la delincuencia organizada se ha hecho más local. La dinámica criminal de México pasa por una nueva etapa. La estrategia del Gobierno Federal de inhabilitar a las grandes organizaciones del narcotráfico, ha promovido su fraccionamiento o “balcanización”. Este hecho ha derivado un ambiente complejo de bandas pequeñas que operan el tráfico de drogas, así como actividades delictivas anexas entre las que destacan: el secuestro, la extorsión y el robo.

Otro punto a destacar es que, la relación entre el crimen organizado y las autoridades ha cambiado de manera ineludible. Los cárteles tradicionales o de la “vieja guardia” (como el Cártel de Sonora de Caro Quintero, el Cártel de Juárez de Osiel Cárdenas o el Cártel de Tijuana de los Arellano Félix), mantenían un vínculo de cooperación y tolerancia con los gobiernos locales. Información sostiene que previo a la transición democrática en México, los acuerdos de tolerancia entre la delincuencia organizada y las autoridades se negociaban al más alto nivel federal, y la hegemonía del PRI en todas las esferas, con la respectiva disciplina partidaria que lo caracteriza, permitía que los acuerdos fueran respetados.

La democratización de México se tradujo en la apertura en el número y sofisticación de las negociaciones prospectivas de la delincuencia organizada. La directiva dejó de dictarse desde el Gobierno Federal, dándole margen a los gobiernos estatales y municipales.  Y si bien, hay registro de tolerancia entre autoridades municipales y bandas de la delincuencia organizada, la información disponible actual sostiene que las bandas emergentes solicitan la complicidad activa de los gobiernos municipales.

En la nueva dinámica de complicidad, entre autoridades locales y grupos delictivos, existen casos que acusan que las policías municipales se han convertido en proveedoras de capacidades para los grupos criminales. Además, los gobiernos locales proporcionan recursos al crimen organizado, voluntariamente o coaccionados, mediante contratos de obra o servicios públicos o la acción directa, a través del servicio de la policía municipal a los grupos del narcotráfico o malversando fondos del municipio a las actividades de estos grupos.

Cabe a aclarar que muchos de estos asesinatos se deben a la negación de los mismos alcaldes a colaborar con los grupos del crimen organizado, y los ataques en su contra responden a estrategia del narcotráfico de decirle a la clase política que es necesario que las alcaldías negocien con ellos.

El empoderamiento de los gobiernos locales incrementó los incentivos de las agrupaciones de la delincuencia organizada para intervenir en los procesos políticos mediante la corrupción, la intimidación o el asesinato.

Un elemento recurrente cuando se investigan las posibles causas que hacen de uno u otro alcalde el objetivo del crimen organizado, es su filiación partidista. La realidad, de acuerdo con la información recabada por B Analytics, es que este no corresponde a un elemento determinante en la elección de víctimas, como sí lo es el nivel de violencia general de la región. Incluso responde a la cultura prevaleciente, en términos de violencia, que impere en la región.

La cultura de violencia, entendida como la prevalencia de acciones de naturaleza violencia misma que en una comunidad son aceptados como patrón legítimo de respuesta ente un conflicto. Es cuando la violencia es el mecanismo comúnmente empleado y aceptado para resolver diferencias. Ello se aplica a comunidades como las que existen en las zonas rurales de Michoacán, Veracruz y Guerrero, consideradas plazas en pugna por la delincuencia organizada, pero son más evidentes en la región de la Costa, Istmo y Sierra de Oaxaca, donde la presencia de narcotráfico es limitada.

alcalde2

Como lo muestra el recuento de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), los estados con mayores problemas de violencia hacia los ediles son Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, donde se tiene registro de distintas actividades del narcotráfico. No obstante, la mayoría de los asesinatos de ediles en el periodo observado ocurrió en Oaxaca, considerado con baja penetración de la delincuencia organizada, pero donde hay registro de una importante cultura de violencia.

Actualmente, la tarea de investigar los homicidios de alcaldes se deja a las procuradurías estatales. Los asesinos de un alcalde tienen una probabilidad baja, y muy cercana a la de cualquier homicida, de ser capturados. En México, uno de cada cinco homicidios conduce a una detención, en términos de economía de delito encontramos que los incentivos para llevarlo a cabo no han sufrido reducciones significativas.

La ejecución de un presidente municipal es un acto es muy grave. En consecuencia, las autoridades nacionales deben tomar medidas extraordinarias para proteger a los alcaldes y castigar a los victimarios. Sin embargo, no existe todavía un protocolo especial de seguridad por parte del gobierno federal que blinde a los alcaldes ante las amenazas y agresiones a las que están expuestos. La importancia de un protocolo de seguridad compuesto por un conjunto de medidas preventivas y reactivas reside en su capacidad de ayudar a cambiar la tendencia de asesinatos a ediles de la última década.