¿Narco y guerrilla?

El 15 de marzo de 2017 trascendió en medios que un helicóptero del Ejército fue atacado mientras llevaba a cabo un sobrevuelo de reconocimiento por la zona Triqui de Oaxaca, en las inmediaciones de la comunidad indígena de San José Yosucani, perteneciente al municipio de Constancia del Rosario, donde se hallaron 47 sembradíos de amapola para la goma de opio, utilizada en la producción de heroína.

Sujetos armados ejecutaron varios disparos a larga distancia (aproximadamente 800m) desde una cañada. Uno de estos logró dañar el fuselaje de un helicóptero Bell202, sin que ello resultara en lesiones de ninguno de los tres tripulantes de la aeronave, entre los que se encontraba el general de la 28 zona militar, Martin Terrones.

Un día después del ataque se dispuso un operativo de destrucción y aseguramiento de la amapola que se encontró con la resistencia de las mujeres y niños de la comunidad que fueron utilizados como escudo para evitar la incursión militar. Milenio reporta que también hubo bloqueos carreteros que impidieron el paso de vehículos militares en la zona.

El Ejército, en esta ocasión, no pudo llevar a cabo la destrucción de los sembradíos por miedo a tener una confrontación con los pobladores que pudiera resultar en una violación a sus derechos humanos; también trascendió en medios que el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) Arturo Peimbert se negó a visitar la zona y hacer las correspondientes averiguaciones.

No obstante, de acuerdo con información proporcionada por mandos militares, en los próximos días se llevarán a cabo acciones de fumigación de plantíos. Información de fuentes abiertas consigna que el evento es el resultado de la cooptación de crimen organizado a las comunidades indígena de la zona productora de amapola. Y la utilización de grupos vulnerables, mujeres y niños, para resguardarla.

Es en esta zona de Oaxaca, limítrofe con el estado de Guerrero, donde se tiene registro de la presencia de importantes grupos antisistémicos entre los que destacabn el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) que continuamente han usado la violencia para manifestar sus posiciones políticas.

La posible unión entre movimientos políticos armados y el crimen organizado sería una combinación que hasta ahora no se ha visto el espectro de la violencia que vive México. El crimen organizado por lo general no manifiesta tendencias políticas y su principal causa son los negocios ilegales.

A diferencia de la grupos guerrilleros y paramilitares, el crimen organizado cuenta con suficientes recursos para comprar armas y hacer frente al Estado. Una unión entre grupos paramilitares y narcotraficantes podría lograr que los primeros consiguieran los recursos para armarse y cometer actos de violencia de mayor escala, mismo que abonaría generar problemas de gobernabilidad en regiones que ya viven un problema de violencia asociado a las actividades criminales.

La violencia política puede ser más dañina que aquella manifiesta por el crimen organizado, ya que, llevada al extremo puede convertirse en un fin por si mismo, sobre todo para grupos cuya principal demanda es la abolición de todas las instituciones del Estado.

Lo sucedido esta semana en Oaxaca puede ser el inicio de un nuevo tipo de violencia que tendrá que hacer frente el Estado, y que a diferencia de la violencia del narcotráfico, da cuenta de una connotación política. Esa que podría proporcionar un soporte social a demandas sin responder desde hace décadas, y que a su vez, supone la fórmula perfecta para generar una espiral mayor de violencia.